Alberto Calle lamenta esta medida que no permite enfrentar uno de los problemas más graves que afecta al país.
El letrado manifestó que si las leyes se vuelven más benévolas para los funcionarios corruptos sientan un mal precedente para un sector de la sociedad que intentará “imitar” esos malos ejemplos.
Enfatizó que esa ley no tiene “racionalidad jurídica” y significaría un blindaje para la corrupción de este gobierno que se encuentra en pleno proceso de transferencia.
Por otra parte el abogado plantea que los responsables de las empresas constructoras sean considerados funcionarios públicos cuando ejecutan obras estatales. Esto para sancionarlos drásticamente y evitar que ejecuten obras de pésima calidad.
Calle Enríquez dio el ejemplo de las obras que se realizan en Piura en las que las empresas constructoras hacen lo que se les viene en gana y perjudican los recursos del estado sin tener responsabilidad penal.
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