Medida se adoptó en sesión de concejo tras analizar caso que involucra administración del camal municipal.
En forma unánime los regidores pidieron en forma reiterativa la nulidad de la conciliación, como la automática salida del interventor, informó el regidor Segundo Zapata Vílchez.
A nombre de sus colegas puso en conocimiento del alcalde Pablo Castro López el oficio del Poder Judicial en la cual define que el plazo de apelar el fallo arbitral vencía el 5 de enero, pues el 3 de ese mes, ellos no trabajaron por Apertura de año Judicial y no se computa para efectos legales.
Los concejales demostraron al alcalde cataquense que sus pedidos y medidas correctivas son dejadas de lado por su gestión ya que por ejemplo la resolución que nombra a la comisión investigadora de estos hechos no es firmada por el burgomaestre y por lo tanto no puede entrar en funciones.
“Esperemos que no haya sido una trampa para que lo actuado quede sin efecto por falta de este documento”, denunció Zapata, a lo que Castro López se “comprometió” a emitirla el jueves 19.
Otro pedido es iniciar investigación administrativa para buscar a los responsables que afectaron financieramente los pagos al concesionario con la razón social de Shazki y luego giraron los cheques a nombre de José Rosales Taboada, interventor y socio de la concesionaria.
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