El proceso de reestructuración tiene que garantizar la supremacía de los derechos de los niños/as en cada escuela y si para eso hay que reestructurar las UGELES o redes educativas, hay que hacerlo; opina, José Luis Calle Sosa, especialista del CIPCA.

En su opinión, en la transferencia del sector Educación, se debe considerar que lo principal que se está  transfiriendo son las escuelas de la región y por ello, el proceso de reestructuración que se planteé no puede dejar de lado la preponderancia  de los derechos de los niños y niñas.

Por su parte  Pedro Villar Benites, especialista de la Dirección Regional de Educación, incidió en el tema de la trasparencia de la Dirección Regional de Educación  y señaló que la restructuración debe considerar un órgano de control eficaz y eficiente.

“Hay un problema de estructura, antes existían los supervisores, hoy no. Hoy vas a la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER) del Ministerio de Educación y es un paseo de un año y tenemos un órgano de control que no sé sabe a quién controla”, dijo.

Entre tanto, el director del Centro de Formación Binacional Mallares, Martín López Cruz, se mostró partidario de la municipalización de la educación,  argumentando que se lograría una mayor transparencia de la gestión, en la medida en que la gestión educativa sea a través de los municipios distritales y a partir de allí se reestructuren las redes educativas por ámbito territorial.

En dichas redes participaría el  profesorado, padres y madres de familia y la comunidad, vigilando la acción educativa de cada escuela.