La Oficina Defensorial de Piura, a cargo de César Orrego Azula, reportó en este año, un incremento del número de casos, “el total de casos asciende a 5837 de los cuales 4573 son consultas ciudadanas, 189 petitorios y 1002 quejas, dentro de las cuales se incluyen un total de 1171 hechos que vulneran los derechos de ciudadanos y ciudadanas, los que en un 50.8% son investigados de oficio”.
Asimismo, Orrego aseguró que las quejas que corresponden a la vulneración de los derechos humanos en la región Piura, se han incrementado respecto del año pasado en un 15%, estando entre las 10 instituciones más quejadas la Eps Grau y la Municipalidad de Piura.
Los principales hechos vulneratorios por los que los ciudadanos se quejan ante la Defensoría del Pueblo son: la mala actuación de la administración que afecta derechos subjetivos colectivos, así como la negativa o demora injustificada para reparar fallas en los servicios públicos.
El Defensor en Piura, puntualizó que los hechos vulneratorios en que incurren las instituciones más quejadas son: En el caso de la EPS Grau debido a la Negativa o demora injustificada de reparar fallas, Presunta contaminación por aguas residuales y por la interrupción arbitraria o injustificada del servicio.
Otras instituciones quejadas son: La Dirección Regional de Educación por el incumplimiento de obligaciones laborales, además por las afectaciones del derecho al debido procedimiento y las irregularidades en el desplazamiento del personal docente.
La Dirección Regional de Salud no se queda atrás y ha sido motivo de quejas por el desabastecimiento o escasez de medicamentos, así como por la inadecuada organización administrativa que impide o retarda el acceso a los servicios de salud.
Otras instituciones quejadas son: La Dirección Regional de Educación por el incumplimiento de obligaciones laborales, además por las afectaciones del derecho al debido procedimiento y las irregularidades en el desplazamiento del personal docente.
La Dirección Regional de Salud no se queda atrás y ha sido motivo de quejas por el desabastecimiento o escasez de medicamentos, así como por la inadecuada organización administrativa que impide o retarda el acceso a los servicios de salud.
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