Los hechos de violencia que acabaron con la vida de Eduardo Ramírez Montero, Luis Gómez Vílchez y Joel Severino Zapata en el campamento Henry’s Hill - Minera Río Blanco (01-11-09); y de los comuneros Cástulo Correa Huayama y Vicente Romero en el caserío Cajas Canchaque (Carmen de la Frontera 02-12-09), reflejan la importancia que el Gobierno Central debe dar “a lo que piensa el pueblo respecto al desarrollo minero o a la ejecución de un proyecto minero en su zona”, dice Carlos Martínez Solano.
“Toda concesión tiene que ser mediante una consulta previa, libre e informada a la población y eso resuelve mucho los conflictos socio - ambientales”, agrega, mostrándose partidario de la aprobación de la Ley de Consulta Previa.
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