La fiscal provincial especializada en delitos ambientales, Silvia Rumiche, demanda que las nuevas autoridades regionales y municipales asuman sus responsabilidades y sancionen a infractores.

Rumiche Rochabrún reconoció que su despacho no cuenta con los recursos suficientes para combatir a las personas que incurren en delitos ambientales en Piura porque son pocas personas y no cuentan con el equipamiento necesario.

En referencia a la ley General del Ambiente (que cumplió 5 años desde su aprobación), refirió que todavía no se ha implementado en la práctica, porque actualmente las empresas y las instituciones no cumplen con las normas de respeto a su ecosistema.

“La fiscalía es el último medio de Control del estado. Si las entidades administrativas funcionaran no deberían existir delitos ambientales”, dijo.